El marciano llega, parquea la nave,
digamos, en el patio del Morro, estira piernas y brazos, bosteza, va al baño,
prende un cigarrillo y, para entender más o menos cómo está la temperatura del
sitio al que llegó, ojea un par de periódicos.
Ahí es que se asusta el pobre, porque él
vino a pasar unos días cogiendo sol y estudiando, quizás, el asunto ese de las
criptomonedas, a ver si hay negocio ahí para Marte, y se encuentra con que aquí
parece que estamos en el umbral de un alzamiento popular contra la opresión del
imperialismo estadounidense.
Causa gran confusión eso en el marciano
porque si una cosa se sabe de Puerto Rico hasta en Marte es que aquí solemos
aceptar mansitos casi cualquier cosa que nos llegue desde Estados Unidos.
Nos hemos alzado de frente alguna vez, con
Vieques, por ejemplo. Pero, por lo general, salvo contadas excepciones, vamos
derechitos y en fila, aunque no pocas veces guiñando ojos o cruzando dedos
disimuladamente, que no es raro que en alguna ocasión le hayamos tomado el pelo
también al americano.
Ahora, no obstante, está el gobernador
Ricardo Rosselló desafiando a la Junta de Supervisión Fiscal, que fue la
antidemocrática respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis fiscal que
amenaza la viabilidad de la colonia puertorriqueña.
Al desafiar a la Junta, el gobernador
Rosselló desafía al Congreso de Estados Unidos, que tiene poderes prácticamente
absolutos sobre Puerto Rico, y al Ejecutivo estadounidense, que firmó la ley
Promesa, madre de este revolú.
Hay todavía par de cabos sueltos.
Falta ver si el gobernador tiene o no
razón en cuanto a la necesidad de las medidas draconianas exigidas por la
Junta, sobre todo la reducción en las pensiones, que son el sustento del que
probablemente sea el sector más vulnerable de la sociedad, o la eliminación del
bono de Navidad a empleados públicos y privados, entre otras brutales y
dolorosas órdenes.
Queda, igual, por dilucidar si el
gobernador está ejecutando una representación teatral y en el fondo ya tiene
preparada una salida elegante al enfrentamiento o si simplemente, por razones
electoreras, está rehuyendo a su responsabilidad para que sea la Junta o los
tribunales los que metan el machetazo a las pensiones y a todo lo demás.
Más importante, quizás, será ver si el
desafío pasa de palabras y, cuando llegue el momento, cuando el gas pele, se
convierte en acciones.
Todo eso, en su momento, se verá con
claridad. Hoy, en cambio, lo que el marciano ve con ojos azorados es que quizás
por primera vez desde los primeros años del siglo XX el oficialismo
puertorriqueño está enfrentando el coloniaje, salvajemente representado en este
drama por la ley Promesa, que dejó en manos de gente no electa por nosotros
algunas de las determinaciones más importantes de la vida puertorriqueña.
Lo que el marciano (y algún que otro congresista
y burócrata estadounidense cuyo conocimiento sobre Puerto Rico es más o menos
igual alque hay en Marte) ve es al gobernador diciendo: “No puedo permitir que
la Junta se adjudique poderes que no tiene y, mucho menos, cuando pretenden
utilizarlos para imponer medidas que afectan negativamente la calidad de vida
de nuestro pueblo”. O: “Ellos (la Junta) no han entendido que no pueden atender
asuntos de política pública. El plan (fiscal) no va a ser ejecutable si
insisten en eso. Ellos pueden ponerlo en el plan fiscal, pero no tienen el
poder de ejecutar y no lo vamos a ejecutar”.
El marciano oye también al presidente del
Senado, Thomas Rivera Schatz, llamando a la Junta, es decir, al Congreso,
“enemigos de Puerto Rico”, diciendo que el gobernador les puso fin a sus
“pretensiones dictatoriales” y que son “burócratas que teniendo la oportunidad
de aportar, nos arrebataban recursos, oportunidades y la igualdad”.
El marciano oyó también al vicepresidente
de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, decir que está
dispuesto a ir preso antes de legislar las intenciones de la Junta.
O si va más atrás, el marciano, más
confundido cada día, oye al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, decir:
“Tenemos que decirle al mundo entero que el poder imperial está oprimiendo a
unos ciudadanos americanos aquí”.
Si estas cosas le pican la curiosidad, y
el marciano busca periódicos de afuera, puede encontrarse a Pedro Rosselló,
líder de la Comisión de la Igualdad que quiere convencer a Washington de que
admita a Puerto Rico como estado, diciendo en columnas de medios de afuera que
Estados Unidos gobierna de manera “imperial y colonial” en Puerto Rico y otros
territorios.
El
marciano no lo nota, porque le falta el contexto, pero todos los demás que
vivimos aquí encontramos suculentamente irónico que, de momento, como habiendo
vivido una epifanía, el anexionismo se haya apropiado de la retórica de la
izquierda, al echar mano de vocablos como “dictatorial”, “opresivo” e
“imperial”, refiriéndose, no a Cuba ni a Venezuela, sino a un organismo del
Congreso de Estados Unidos, el mismo al que dentro de poco se supone que le
pidan la entrada de Puerto Rico como el estado 51 de ese país.
Se ha complicado mucho el cuento.
Las relaciones entre Puerto Rico y Estados
Unidos son hace unos años un puente colgante cuyas sogas, desgastadas por el
tiempo y por la indiferencia, dan a menudo la impresión de que están a punto de
romperse, haciéndonos caer al vacío. Nos parecemos cada vez más a esos
matrimonios viejos que ya no se soportan, pero siguen juntos por mera costumbre
o porque consideran que “pa’ lo que falta, que venga el resto”.
Se viene viendo por años en la negativa de
Washington a dar un trato contributivo especial a la isla tras la eliminación
de la Sección 936 y el brutal golpe que eso dio a nuestra economía.
Se vio con la negativa a tomar en cuenta
el resultado de la consulta de status de 2012, que puede interpretarse como que
la ganó la estadidad.
Volvió a quedar claro cuando la crisis
fiscal nos ahogó y la única respuesta de Washington fue quitarse la máscara de
potencia colonial que había intentado disimular desde 1952, dejándonos sin el
limitado grado de autogobierno que teníamos desde entonces.
Nos
abofeteó esta realidad con la fría respuesta de Estados Unidos
cuando el huracán María nos partió la isla y nos dejó en el mayor grado de
vulnerabilidad que hayamos enfrentado en décadas.
Se vio con el trato distinto, evidenciado
estadísticamente en reportajes publicados la semana pasada en El Nuevo Día y en
la revista estadounidense Politico. Se vio cuando el Congreso aprobó la reforma
contributiva de Donald Trump sin tomar en cuenta, por más que se le advirtió,
el efecto que se advirtió que va a tener en nuestra economía.
Se ve todos los días con la desconfianza y
el desdén de Washington hacia Puerto Rico, con todas las trabas que nos están
poniendo para acceder a la asistencia, con el trato de jurisdicción de alto
riesgo al que nos están sometiendo, sin que se nos haya hecho tal designación. Se ve cuando uno nota que la consulta de
status de junio del año pasado, que el Partido Nuevo Progresista (PNP) alega en
Washington que arrojó un resultado de 97% a favor de la estadidad, no ha movido
ni una hoja de árbol en la capital estadounidense.
El enfrentamiento por las medidas de la
Junta, que venía cuajándose el año pasado hasta que María lo interrumpió, es el
último capítulo de esta historia de desencuentros ya demasiado larga y
evidente. Jamás imaginó el marciano, ni, valga decirlo, la mayoría de nosotros
que iba a ser desde el Partido Nuevo Progresista (PNP) que se iba a responder
fuego con fuego.
Si el marciano no se asusta y le da
manigueta a la nave para prenderla y volver corriendo a Marte, va a ver, en muy
pocos días, junto a nosotros, el desenlace de este drama. ¿Aguantará la presión el PNP? ¿Quién apuesta?
