Monday, December 12, 2016

En marcha el plan de reducción de gastos en la UPR

Tomado del periódico El Nuevo Día del 12 de diciembre de 2016 en las páginas 3-4. Derechos de autor  de Joanisabel González 

Un déficit de $1,640 millones, pérdidas operacionales y la amenaza de más recortes por la crisis fiscal obligan a repensar la oferta académica



La UPR adeuda unos $596 millones a largo plazo, incluyendo la deuda de Plaza Universitaria. (GFR Media)

La administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) trabaja en un estudio acerca de sus 500 programas académicos con miras a consolidar o eliminar aquella oferta que ya no es pertinente y ha puesto en marcha un plan de reducción de gastos en sus 11 recintos.

En entrevista con El Nuevo Día, el director de Finanzas de la UPR, Norberto González Pérez, y el síndico Juan Acosta Reboyras dijeron que el plan de ajuste responde a la posibilidad de que el centro docente experimente recortes adicionales como secuela del proceso de ajuste que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En tanto, la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, sostuvo que pese a la estrecha situación financiera, la principal institución universitaria cumple con su cometido. “Hemos podido continuar hasta la fecha, ofreciendo una educación de excelencia y una interacción de conocimiento con el resto del mundo”, dijo Freytes. “Tenemos investigadores en Vietnam, Sudamérica, Sudáfrica, en toda España. Pecamos de no decirlo, pero la UPR aporta un conocimiento de primera, especializado y puntual”, prosiguió Freytes.

La oferta académica
Ese nivel de desempeño y el énfasis en el ramo de la investigación, lo que según Freytes requiere recursos porque la atracción de capital intelectual es un ejercicio costoso, pone a la UPR en una posición complicada, debido a su dependencia financiera al Fondo General, su estructura organizativa y el perfil del estudiantado.

A preguntas de El Nuevo Día acerca del análisis de la oferta académica y cuándo podría comenzar a implementarse, Freytes indicó que las sesiones de diálogo con los diversos recintos concluyeron hace aproximadamente un mes. El documento con recomendaciones se dejará ante la consideración de la siguiente presidencia. Freytes no indicó qué programas académicos podrían consolidarse o eliminarse, pero subrayó que el análisis no es exclusivamente un ejercicio de dólares y centavos. “Vemos opciones de programas conjuntos, hay que hacer análisis de cuán cerca están esos programas, si están acreditados”.

Cierre de recintos
“No estoy tan segura (que cerrar recintos) sea la prioridad. Para cerrar un recinto hay que hacer un estudio para conocer el impacto de ese cierre, qué hacemos con el recinto, a quién se lo vendemos... Hay que hacer un balance”, dijo Freytes.



A manera de ejemplo, Acosta Reboyras indicó que cuando se habla de eliminar recintos, con frecuencia surge el de Utuado, que opera con un presupuesto de $16 millones. “¿Qué son $16 millones en un presupuesto de $1,500 millones? El plan médico de la universidad representa $80 millones. Puedes decir que sería un ahorro el cierre de ese recinto, pero sin embargo en el caso del recinto de Utuado, creo que representa la espina dorsal de la economía de ese municipio y de esa zona”, dijo Acosta Reboyras.


Lo mismo se dice del recinto de Carolina por su cercanía con el recinto de Río Piedras. No obstante, Freytes indicó que la discusión en torno al recinto en la llamada Tierra de Gigantes cobra otro giro tan pronto se conoce que allí opera la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes. Esta es la primera en la Isla en conceder un grado de bachiller en el ramo y en lograr la acreditación por parte de la entidad competente en toda América Latina y el Caribe.

Pujas internas
Al interior de la UPR, y de tiempo en tiempo, surgen voces dirigidas a fragmentar el sistema como solución al lío financiero. La comunidad universitaria del recinto de Mayagüez, por ejemplo, ha abogado por “independizarse” del resto del sistema. Lo mismo se ha dicho del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), la unidad del sistema que más ingresos propios genera y que contribuye a la financiación de los demás recintos.

Ahora, según Freytes, integrantes de la comunidad universitaria del recinto de Río Piedras discuten la probabilidad de una nueva enmienda a la Ley de la UPR, lo que implicaría el tercer cambio a la estructura del sistema universitario en menos de dos décadas.“Esto no hace nada de bien... es violento recibir información de un cambio de gobierno y una nueva ley. Cambiar la composición de la junta sería el tercer cambio legislativo. Es una violencia para la institución que no puede continuar y esto ya ha sido un mensaje de las agencias acreditadoras externas a la institución”, dijo Freytes.

La mal llamada autonomía
De acuerdo con González Pérez, el principal centro docente de Puerto Rico necesita racionalizar sus procedimientos internos y reglamentarios, algo que no siempre es factible porque se parte de la premisa de la autonomía de los recintos. “Son cambios difíciles de lograr por muchas ataduras y reglamentos, aunque esos cambios sean buenos”, aceptó González Pérez. “También hay un tema de continuidad. Hay cambios gerenciales cada cuatro años y, a veces, los cambios en los departamentos y facultades son más cortos. Eso hace que los proyectos que se trabajan por uno o dos años, se atrasen o se dejen”.

Acosta Reboyras coincidió. A manera de ejemplo, el contador público indicó que la UPR podría realizar una subasta conjunta para la compra de vehículos de todas las unidades del sistema, pero no se hace.

En los procesos de matrícula, famosos por las largas filas o la poca disponibilidad de cursos, cada recinto tiene su propio sistema. Según el contador público, desde hace un tiempo el recinto mayagüezano tiene un proceso de matrícula automatizado, pero no ha sido hasta ahora que el programa se hará disponible al resto del sistema. El proceso de implementar la tecnología uniforme tomará al menos un año, se indicó.

Para procurar el mejor uso de recursos, la Administración Central también ha establecido un proceso de vistas presupuestarias para que cada recinto justifique la asignación que recibe y ha buscado uniformar los procesos de finanzas, un asunto que ha levantado ronchas, según fuentes de este diario.

La amenaza de la Junta
Ahora, según Acosta Reboyras, el temor de que la JSF proceda con un recorte adicional en la fórmula de la UPR parece sentar las condiciones para que se produzcan los cambios operacionales que deberían contribuir al mejor funcionamiento de la institución. 

Según Acosta Reboyras y González Pérez, el plan fiscal que el gobierno presentó a la JSF considera que la fórmula de la UPR continuará congelada por otros 10 años y a la fecha, el ente supervisor, que le designó como una entidad cubierta bajo PROMESA, no se ha comunicado con la institución.
Ante la circunstancia, la administración creó una reserva de $50 millones y el año pasado, cuando Hacienda se atrasó en el envío de las remesas hasta acumular un balance de $100 millones y se produjo la congelación de $91 millones en depósitos de la UPR en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), González Pérez procedió con una estrategia de congelación de gastos, algo que, según fuentes de este diario, causó molestias.

Amarrarse el cinto, sin embargo, resultó en un sobrante de unos $30 millones. Ahora, dado que la UPR no puede acudir a los mercados para levantar capital, esa partida se utilizará para financiar el programa de mantenimiento y mejoras permanentes.

Un déficit de $1,640 millones
La UPR terminó el año fiscal 2015 con un déficit de $1,640 millones. La brecha se produjo como resultado de la aplicación del estándar de contabilidad (GASB-68) y que requiere a las entidades de gobierno incluir en sus obligaciones, la deuda de pensiones con sus empleados. En el caso de la UPR, el GASB-68 le supuso un ajuste negativo de $2,237 millones.

“La Universidad ha tenido pérdidas operacionales significativas y recurrentes y es altamente dependiente de las asignaciones del Gobierno central para financiar sus operaciones e históricamente, ha descansado en el BGF para liquidez y soporte financiero”, reza el informe de la UPR auditado por la firma Ernst & Young y en el que se cuestiona la viabilidad futura de la institución.

De acuerdo con Acosta Reboyras, aún si se intentaran reconfigurar las partidas de ingreso de la institución para frenar la dependencia al fisco puertorriqueño, eso no será factible en el corto plazo.
“Todos queremos soluciones mágicas, pero eso no es una solución cuando la mayor parte del presupuesto operacional viene del Fondo General. ¿Cómo se sustituye esa fuente de ingreso? Eso no se va a lograr de un día para otro”, dijo Acosta Reboyras.

De acuerdo con Acosta Reboyras y González Pérez, la UPR contempló en su presupuesto el pago de la deuda pública, pero las aportaciones a los fondos de reserva se suspendieron por la Ley de Moratoria.

La UPR adeuda unos $596 millones a largo plazo, incluyendo la deuda de Plaza Universitaria.
“La Universidad, si la miras como un ente separado, tiene capacidad de pago. Si se mira como parte de la deuda total, entraría en el proceso de negociación”, dijo Acosta Reboyras.

“Pero si tenemos que entregar la fórmula, eso será otra cosa”, agregó González Pérez.


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