Escrito
del periodista Benjamín Torres Gotay en el periódico El Nuevo Día del 11 de enero de 2018 disponible en la
dirección electrónica https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lospasosderafael-columna-2397731/
Cuando
salió de Aguadilla en una jaquita baya (que quería que le condujera otro, como
recordaremos siempre), nadie habría podido imaginar que, cuando estuviera todo
dicho y hecho, el Rafael Ramos Sáenz ese, conocido hasta hace menos de un mes
solo en las lúgubres cavernas subterráneas del partido en el que milita con
tanto fervor, iba a terminar dándole una lección tan importante al pueblo de
Puerto Rico.
Los
pasos de Rafael, las omisiones de los que anduvieron cerca de él –se quedaron
en cómplice silencio y, sabiendo de la pata que cojeaba, lo sacaron del
anonimato y lo exhibieron ante el país para que lo viéramos a contraluz–, nos
pusieron a los puertorriqueños a mirarnos en un espejo deformado que revela
mucho de lo bajo que hemos caído como sociedad.
Vean:
este señor Ramos Sáenz era juez. Era de esos señores que se visten de toga, se
suben a un estrado a unos pies sobre los demás mortales y desde allá pueden
hacer y deshacer vida y hacienda, con el accionar rotundo del mallete. Es una
responsabilidad, como sabemos, de la mayor gravedad.
Siendo
juez, se le asignó presidir la junta electoral local de Moca en las elecciones
pasadas.
Fue
ahí que decidió deshonrar la toga, ponerse en vergüenza él mismo, a su clase, a
su país, y meterse al equipo del Partido Nuevo Progresista (PNP), en vez de
cumplir la función de árbitro que le encomendamos todos nosotros a través de
las leyes, reglamentos y normas que rigen nuestra vida colectiva.
En
vez de velar por la pureza del proceso, como le manda el puesto al que juró con
la mano sobre la Biblia, se puso a velar que al partido de su corazón, al que le
debía su puesto de juez y del que esperaba mucho más en la vida, le fuera mejor
que a los otros.
Así
quedó expuesto en blanco y negro en un chat por WhatsApp del equipo electoral
del PNP, que fue revelado el lunes por el senador Aníbal José Torres y que, al
día siguiente, le costó a Ramos Sáenz el puesto de presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones (CEE), en el que se había inaugurado con confeti,
fanfarria y agradecimientos a Dios apenas 16 días antes.
Esas
son actuaciones de una gravedad inusitada. El juez Ramos Sáenz violó ahí cuanto
principio ético se pueda uno imaginar. Nuestra democracia está ahora mismo
bastante venida a menos. Pero algo es algo, es lo que tenemos y es preferible
la barbarie total a la que parecería que nos quieren llevar.
Ramos
Sáenz, quien ya no es juez porque fue suspendido y ojalá deje pronto de ser
abogado también, actuó aquí como el mal empleado de restaurante que escupe la
comida de otros. Solo que no fue un mofongo a lo que escupió, sino a la
indispensable confianza del pueblo en las instituciones.
Pero,
bueno, vamos, tampoco hay que ser excesivamente duro. No hay persona ni sistema
perfectos. Para eso es que existen salvaguardas.
Es
como las leyes: se supone que nadie mate, pero ya que hay gente que lo hace,
hay leyes para atenderlo.
En
el caso de los abogados, las salvaguardas están contenidas en el Código de
Ética Profesional, que les impone a los letrados la obligación de conducirse de
manera honorable, de velar por que sus colegas también lo hagan y de denunciar
al que falle.
Así
se lo dijeron clarito en el Canon 38 del Código: el abogado está obligado a
“denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta
corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial”.
¿A
qué viene esto? Viene a que, en el chat en el que Ramos Sáenz se desnudó como
un politiquero indigno de vestir la toga, participaron, según ha trascendido,
cerca de 50 personas, incluyendo por lo menos a dos abogadas, ninguna de las
cuales dio la queja a nadie.
Estas
abogadas son Itza García y Waleska Maldonado. Las dos tienen ahora altos
puestos en el gobierno. Pasaron de la barricada político partidista a ser
subsecretaria de la Gobernación y jefa de la Administración para el Sustento de
Menores (Asume), respectivamente.
Se
menciona en el chat a un tal William, que muchos dan por hecho que es el
secretario de la Gobernación, William Villafañe, quien también es abogado. Hay
otros funcionarios de gobierno de los que se dice que también estaban metidos
en el chat, pero no está ahora mismo del todo claro.
El
Departamento de Justicia y el Senado investigan, pero está por verse todavía si
con voluntad de llegar con esto verdaderamente hasta las últimas consecuencias.
Por
el momento, todos los implicados conocidos y por conocer han cogido en esto
guille de FBI: ni niegan ni confirman. Esta denuncia se conoció el lunes, hace
hoy siete días. Al momento en que se escribe esta columna, sábado de madrugada,
ninguno de los implicados o posibles implicados en este tremendo escándalo ha
salido públicamente a explicar. O no les importa, o no les da vergüenza, o
creen que la controversia se esfumará solita, como tantas otras, o que nos
olvidaremos, o quién sabe qué.
Vean
esto en orden y traten de no indignarse: un juez nos traiciona a todos al
confabular con un bando en una contienda en la que se supone que fuera neutral;
todo el que lo ve, incluyendo abogados, le ríe la gracia, lo estimula, lo
aplaude, se une a la traición; algunos de esos que tan poco juicio y moral
demostraron al ver al juez enlodándose así, sin hacer lo que correspondía, son
nombrados después a importantes puestos en el gobierno, a encargarse del
bienestar de todos nosotros y, encima de todo eso, el gobernador Ricardo
Rosselló designa a Ramos Sáenz a la presidencia de la CEE, donde de seguro
venía con la intención de intentar a nivel de todo el país las traiciones que
ejecutó en el pequeño universo mocano.
Nos
dio bien duro esta gente.
Mancharon
todos, en el camino, la confianza en dos de las instituciones más preciosas y
valiosas que tiene cualquier sociedad que se presume de democrática y de “ley y
orden”: sus cortes y su sistema electoral.
Demostraron
también que se puede actuar de manera inmoral, irrespetar las reglas, las leyes
y las instituciones, tomar ventajerías, y eso no impedirá que a uno lo nombren
secretario de esto, jefe de aquello o presidente de lo otro, para que entonces
la familia nos quiera más, nos saquen una foto oficial y le pongan después el
nombre de uno a la escuela de nuestro barrio.
Después
osamos preguntamos por qué es que en este país nadie cree ya en nada.
Columna de la periodista Mayra
Montero en el periódico El Nuevo Día
del domingo 11 de febrero de 2018 y disponible en la dirección electrónica
No
se enfrentan los dirigentes del partido en el poder a causa de las diferencias
que han tenido por el cambio de fichas en la Comisión Estatal de Elecciones.
Esa es la consecuencia. Pudieron haberse enfrentado con cualquier otra excusa.
La verdadera causa de la fractura está en el menoscabo de los poderes de la
Asamblea Legislativa, algo que se les hace insoportable a los presidentes de
ambos cuerpos.
Saben
que su influencia se reduce vertiginosamente, y su capacidad de reacción queda
relegada a esos patéticos alardes con que se oponen a las medidas que les envía
el Gobernador. O con los que desafían el veto a una ley tan absurda como la del
extremismo religioso.
Ya
que no se pueden rebelar contra la Junta de Control Fiscal, se desquitan con el
que está inmediatamente por encima de ellos, que es Rosselló. Es por eso que la
tensión se puede cortar con un cuchillo. Es muy grande la amenaza que se cierne
sobre los líderes legislativos y sus lugartenientes. Impedidos de repartir
prebendas o contentar a la gente que los apoya, olfatean, además, el fin de la
Comisión Estatal de Elecciones, tal como la conocemos. Crece el clamor para que
la desmantelen, y el desenlace está a la vuelta de la esquina.
Ni
al Senado ni a la Cámara les han consultado el contenido del Plan Fiscal
revisado que debe estar listo mañana. No los han tomado en cuenta en un país
donde solían ser los grandes portadores de la última palabra. Se sienten
humillados, y reaccionan como fieras heridas, erizándose y gruñéndole al que se
les acerca. Dispuestos a saltar por lo que sea. Por el soberano chisme en la
CEE, por ejemplo.
Mientras
tanto, el destino político de la Isla se decide fuera, y no escuchamos ninguna
proyección, no se comparten ideas, ni surge una interpretación realista de la
gente llamada a explicar este crudo escenario.
En
nuestras narices se está dando el principio de un gran reordenamiento
ideológico en Puerto Rico. “Life
is what happens while you are busy making other plans”. Esa
es la recurrida frase de John Lennon, de la que suelo huir, pero que en este
caso cae como anillo al dedo.
La
vida está pasando en el Congreso (y en otros círculos: mitad locales, mitad
extranjeros), mientras aquí nos sulfuramos por temas inconsecuentes, nos
tiramos de las greñas por veleidades electoreras. Resulta infinitamente difícil
—cuando no imposible—, para mucha gente, imaginar la vida sin campaña
electoral, o con una campañita hueca, donde no se decide nada importante,
porque el control y el poder auténtico durante por lo menos diez años, los van
a ostentar otros. Y cuando pasen esos diez años, a ver cómo ha cambiado el
mundo y la manera de pensar de los habitantes de la Isla. Los adolescentes,
jovencitos de hoy, serán para entonces adultos. Toda una generación de
ciudadanos maduros, que hoy participa de esa batalla estéril de la guerra entre
partidos, y aun de sus propias luchas intestinas, serán, por su parte, ancianos
desplazados para siempre de la vida política.
En
cuanto al independentismo y el soberanismo, que para el caso es lo mismo y se
limita al flujo y reflujo de dos o tres partidos alternativos, me pregunto, y
les pregunto: ¿cómo superarán este incremento trepidante de la dependencia, que
ahora tiene su climax en los más de $15,000 millones que han sido destinados a
Puerto Rico, y en los multimillonarios préstamos, a intereses de fantasía, de
la Small Bussiness Administration? ¿De verdad creen que es posible adelantar
una agenda soberana en esta coyuntura? Descartada la estadidad (en el Congreso
abominan de que se la mencionen); descartado el desprestigiado concepto del ELA
(el verdadero fantasma sin cabeza de esta opereta); y descartada la
independencia (únicamente viable, como ya es evidente, cuando Estados Unidos lo
decida, quizá dentro de diez o quince años), ¿por qué los políticos insisten en
mantener un discurso surrealista, aferrado a la negación?
El
monstruoso meteoro que fue María parece haber echado por tierra los cimientos
de muchas de las teorías que daban por hechas casi todos los políticos de todas
las tendencias. Se han quedado en la discusión bajita. En la cotidianidad
pasajera de si FEMA trajo o no trajo suficientes toldos. Si le dio contratos
para la comida a tal empresa. Si los postes llegaban de China o de Puerto
Cañaveral. Llegará todo de donde ellos quieran, ¿con qué narices vamos a
reclamarles?
Al
fin y al cabo, ése no es el punto.
Puerto
Rico nunca había estado tan “ocupado”, ni siquiera cuando desembarcaron las
tropas estadounidenses por la bahía de Guánica. Y el caso es que no se trata de
una “ocupación” al uso, llena de hostilidad y repudiada por la mayoría de los
ciudadanos. Lo que tenemos en la Isla es un tsunami de agencias federales, a
las que nadie se atreverá a decirles que desocupen. Porque podrían complacer el
pedido muertos de la risa. ¿O alguien lo duda?
Es
necesario que el dinero asignado a Puerto Rico por el Congreso, una cifra
colosal en cualquier liga y para cualquier país, sea regulado por la Junta de
Control Fiscal, y en apego a las disposiciones de la Ley federal de Quiebras,
custodiado de cerca por la jueza Laura Taylor Swain. Lo contrario sería tirarlo
en una bolsa en el patio de La Fortaleza, como una piñata, para que cada cual
tire hacia donde le dé la gana.
El
Gobierno, sí, que lo reparta; que lo haga llegar a su destino; que lleve a cabo
ese manejo burocrático que alguien tendrá que hacer y le agradeceremos mucho.
Pero hasta ahí. Ocuparse de partir el bacalao, no. Sería un crimen. El crimen
del bacalao, título de una novela de terror.
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