¿La responsabilidad recae en el pueblo?

Publicado en el rotativo El Nuevo Día del jueves 1 de octubre de 2020 y disponible en su versión original en el enlace https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-responsabilidad-recae-en-el-pueblo/

Desde que tenemos conciencia social nuestra forma de pensar se sitúa en el bien común. Entrando en la adolescencia observaba a nuestros progenitores y sus amistades haciendo lo posible por ayudar y con empatía hacia los vecinos del barrio. Como joven adulto universitario, aprendí que el Estado tiene la responsabilidad de mantener el control social y satisfacer las necesidades del pueblo a través de las diferentes agencias. De hecho, que una de las razones para el surgir de los sistemas políticos era crear una entidad que velara por el bienestar de todos sus ciudadanos.

 

Hace mucho tiempo que observamos un Estado que se ha olvidado de esa función básica social. Pudiéramos decir que se le ha devuelto la responsabilidad al ciudadano. Pero, ¿dónde queda el gobierno como entidad social? Es nuestro pensar que, en lo relacionado a la nueva orden ejecutiva de la gobernadora, se debe demostrar que el gobierno cumplirá su parte. No como en el pasado.

 

En septiembre de 2017, nos azotó el Huracán María. Este fenómeno atmosférico se ha considerado como el más devastador que ha atravesado la Isla. Minimizar las características que describieron el temporal está fuera de nuestra reflexión. En verdad fue un monstruo natural que sacó a la luz pública muchas de las realidades que sufre el pueblo puertorriqueño. No obstante, puso a prueba a las agencias gubernamentales en cuanto a satisfacer las necesidades básicas del pueblo.

 

Sin energía eléctrica, servicio de agua potable, telefonía, carreteras intransitables y otros servicios, el pueblo tuvo que tirarse a la calle a limpiar y crear accesos de vías públicas. Vecinos se unieron a remover escombros. Aquellos que poseían equipo pesado y conciencia social, los utilizaron para remover árboles y tierra que habían caído en las vías principales. Luego de dos semanas respondiendo al llamado natural de comunidad, la mayor parte del pueblo pudo salir de sus casas por las carreteras. Mientras el Estado se disponía a buscar compañías que hicieran el trabajo ya realizado. Donde vivimos, dos comunidades que quedaron aisladas totalmente por las vías públicas, recogieron dinero entre sus vecinos, contactaron una compañía de equipo pesado, realizaron el ejercicio en esas dos semanas, a un costo y tiempo cuatro veces menor de lo que decía el gobierno.

 

Nos parece innecesario recordar que la misma situación ocurrió con los servicios de energía eléctrica donde las comunidades recurrieron a sus vecinos retirados de la Autoridad de Energía Electica, peritos electricistas e ingenieros eléctricos para levantar las líneas de distribución y, junto a sus contrapartes de la autoridad de acueductos, poner a funcionar las bombas de agua potable.             

 

La reconstrucción de hogares, que tres años luego es que se comienza el proceso gubernamental, fueron muchas las iglesias, organizaciones sin fines de lucro y los propios vecinos que instalaron impermeables, planchas de zinc recolectadas, levantaron paredes y brindaron un espacio provisional a las personas necesitadas. La responsabilidad fue transferida al pueblo.

 

En enero del 2020, llegaron los terremotos del sur oeste. Otro tipo de fenómeno natural que por segunda ocasión puso a prueba al Estado. La situación de necesidad y urgencia del pueblo afectado corría a voces por la prensa y en toda la Isla. La ayuda inmediata llegó, gracias a los vecinos y el pueblo boricua. Iglesias, grupos comunitarios, profesionales de diferentes áreas del saber, empresas, entre otros, fueron los primeros en llegar. Las críticas al gobierno no se hicieron esperar. Desde la falta de organización hasta la distribución de suministros selectiva, fue la orden del día. De eso la prensa y vecinos comprometidos se hicieron cargo. La responsabilidad recayó en el vecino y la ciudadana en general.

 

Si fuera poco, en marzo 2020 comienza la Pandemia en el suelo borincano. El Estado comenzó el confinamiento y toque de queda en una inmediatez que sorprendió a muchos. Todos los atributos le fueron conferidos por esa acción meritoria en el momento indicado. Algunos llegaron a decir que por primera vez se observó el cumplimiento de la responsabilidad estatal de vigilar por la salud y seguridad del pueblo.

 

No obstante, pasaron las semanas y los contratiempos con relación a las pruebas, el pago del desempleo y las presiones políticas. Mientras eso ocurría, las organizaciones profesionales y entidades comenzaron el proceso de conseguir las pruebas y equipo de protección necesarios para sus empleados o pueblo en general. Tomemos como ejemplo el Colegio de Médicos de Puerto Rico y los hospitales puertorriqueños, que se distinguieron en ello. 

 

Entrando a la segunda mitad del año 2020, nos enfrentamos a una desescalada del comercio y agencias gubernamentales. Nuevamente, la responsabilidad gubernamental es transferida al pueblo. Se le advierte al pueblo que la seguridad y protección salubrista recae sobre él. Mientras el aumento de casos, muertes y hospitalizaciones ocurre, la falta de pruebas y de equipos para los salubristas continúa.

 

La responsabilidad social es una compartida entre el Estado y la ciudadanía. Este es un sistema representativo donde el pueblo delega el poder político. Algunos opinan que esta responsabilidad se mancha cuando el ejemplo del delegado va contrario del delegante. 

 

En verdad los tiempos han cambiado. Es un retroceso de lo que ha sido el desarrollo social y político de los sistemas creados por los humanos que se consideraron de avanzada. Nos preguntamos, ¿qué pensarán los ilustrados e ilustradas que cambiaron las posiciones del medioevo hacia la modernidad si les presentaran el caso puertorriqueño?