El llamamiento hecho por un grupo de catedráticos de la Universidad de Puerto Rico al gobernador para que declare una emergencia económica nacional y se elabore un plan dirigido a reactivar la economía, merece ponderada con mucha atención para conjurar la crítica situación económica y social del País.
En un editorial publicado en diciembre del 2010, destacamos la urgencia existente en el País de generar un esfuerzo multisectorial para atender el problema del desempleo, puesto que nos arriesgábamos adentrarnos más aún en las graves consecuencias sociales que éste acarrea.
Hoy esa visión es compartida por un grupo de expertos agrupados en el Colectivo de Economistas Universitarios, que entiende que el problema principal de Puerto Rico no es el déficit fiscal, sino el déficit de empleos. Un problema que científicos sociales destacan que está asociado o es causante de muchos problemas de la sociedad, tales como la violencia, en todas sus manifestaciones, y la desigualdad social, entre otros.
Se trata de una tarea monumental puesto que la Isla ha perdido 189,000 empleos en los últimos cinco años y para llegar al mismo nivel de personas empleadas que había en el 2006, tomaría más de 21 años adicionales, si la economía crece al ritmo de 1% anual.
Las jurisdicciones con las más altas tasas de desempleo en marzo de 2011 (segun fueran publicados por el periodico El Nuevo Dia del 19 de abril de 2011):
Puerto Rico ----16.9%
Nevada---------13.2%
California------ 12%
Florida--------- 11.1%
Rhode Island----11%
Michigan---------10.3%
Mississippi----- 10.2%
Kentucky------- 10.2%
Oregón--------- 10%
Georgia---------10%
Carolina del Sur--9.9%
Fuente: El Negociado de Estadísticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos
Así que el desafío expuesto en la revista Negocios de El Nuevo Día el domingo anterior es gigantesco y tiene que ser atendido con urgencia desde diferentes frentes. Primeramente, detener la pérdida de empleo en el sector privado, aunque para ello hay que crear las condiciones para que este sector crezca. Y no nos referimos meramente a la otorgación de incentivos, sino produciendo cambios radicales en aquellos factores que desincentivan la inversión, como el costo de nuestra infraestructura de producción, particularmente el costo eléctrico.
Acertada es también la propuesta del “think tank” universitario de que una vez reconocida e implementada la “emergencia económica nacional” se articule un grupo de trabajo multisectorial que trabaje en la renovación de nuestro obsoleto modelo de promoción de desarrollo industrial e infraestructura con un modelo económico sustentable y de equidad social.
Para ello, se necesitan estrategias, programas, propuestas de corto y largo plazo enfocadas no tanto en el crecimiento, sino en fomentar programas de creación de empleos.
A corto plazo, el Gobierno, a los niveles estatal y municipal, tiene que imprimirle premura a proyectos de obra pública, ya que la inversión en proyectos gubernamentales es un impulsor a corto plazo de actividad económica, en armonía con las exportaciones de la manufactura y la inversión privada.
Y urgen además, como bien indica el grupo, mejores incentivos para las pequeñas y medianas empresas (“pymes”), el motor de cualquier economía, con el objetivo de que aumenten su fuerza laboral, la descentralización del desarrollo económico, la creación de un “corredor de seguridad alimentaria” para solucionar los problemas de escasez de alimentos que se pronostica a nivel mundial y para generar nuevos empleos, y redoblar los esfuerzos para que la Isla sea un centro de biotecnología real, entre otras ideas concretadas por los académicos.
Las propuestas esbozadas por el grupo de economistas y catedráticos del RUM, la institución de mayor prestigio de ingeniería y ciencias del Caribe y cuyas aportaciones son reconocidas a nivel mundial, no deben caer en oídos sordos. Por el contrario, deben ser valoradas como lo que son: una valiosa contribución proveniente de un sector de una sociedad civil ávida, no solo en aportar ideas sino, de trabajar en la consecución de las mismas por el bien del País.
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