Tomado del periódico El Nuevo Día del 12 de diciembre de 2016 en las páginas 3-4.
Derechos de autor de Joanisabel
González
Un déficit de $1,640 millones, pérdidas operacionales
y la amenaza de más recortes por la crisis fiscal obligan a repensar la oferta
académica
La UPR adeuda unos $596 millones a largo plazo,
incluyendo la deuda de Plaza Universitaria. (GFR Media)
La administración central de la Universidad de Puerto
Rico (UPR) trabaja en un estudio acerca de sus 500 programas académicos con
miras a consolidar o eliminar aquella oferta que ya no es pertinente y ha
puesto en marcha un plan de reducción de gastos en sus 11 recintos.
En entrevista con El
Nuevo Día, el director de Finanzas de la UPR, Norberto González Pérez, y el
síndico Juan Acosta Reboyras dijeron que el plan de ajuste responde a la
posibilidad de que el centro docente experimente recortes adicionales como
secuela del proceso de ajuste que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En tanto, la presidenta interina de la UPR, Celeste
Freytes, sostuvo que pese a la estrecha situación financiera, la principal
institución universitaria cumple con su cometido. “Hemos podido continuar hasta
la fecha, ofreciendo una educación de excelencia y una interacción de
conocimiento con el resto del mundo”, dijo Freytes. “Tenemos investigadores en
Vietnam, Sudamérica, Sudáfrica, en toda España. Pecamos de no decirlo, pero la
UPR aporta un conocimiento de primera, especializado y puntual”, prosiguió
Freytes.
La oferta
académica
Ese nivel de desempeño y el énfasis en el ramo de la
investigación, lo que según Freytes requiere recursos porque la atracción de
capital intelectual es un ejercicio costoso, pone a la UPR en una posición
complicada, debido a su dependencia financiera al Fondo General, su estructura
organizativa y el perfil del estudiantado.
A preguntas de El
Nuevo Día acerca del análisis de la oferta académica y cuándo podría
comenzar a implementarse, Freytes indicó que las sesiones de diálogo con los
diversos recintos concluyeron hace aproximadamente un mes. El documento con
recomendaciones se dejará ante la consideración de la siguiente presidencia.
Freytes no indicó qué programas académicos podrían consolidarse o eliminarse,
pero subrayó que el análisis no es exclusivamente un ejercicio de dólares y
centavos. “Vemos opciones de programas conjuntos, hay que hacer análisis de
cuán cerca están esos programas, si están acreditados”.
Cierre de
recintos
“No estoy tan segura (que cerrar recintos) sea la
prioridad. Para cerrar un recinto hay que hacer un estudio para conocer el
impacto de ese cierre, qué hacemos con el recinto, a quién se lo vendemos... Hay que hacer un balance”, dijo
Freytes.
A manera de ejemplo, Acosta Reboyras indicó que cuando
se habla de eliminar recintos, con frecuencia surge el de Utuado, que opera con
un presupuesto de $16 millones. “¿Qué son $16 millones en un presupuesto de
$1,500 millones? El plan médico de la universidad representa $80 millones.
Puedes decir que sería un ahorro el cierre de ese recinto, pero sin embargo en
el caso del recinto de Utuado, creo que representa la espina dorsal de la
economía de ese municipio y de esa zona”, dijo Acosta Reboyras.
Lo mismo se dice del recinto de Carolina por su
cercanía con el recinto de Río Piedras. No obstante, Freytes indicó que la discusión
en torno al recinto en la llamada Tierra de Gigantes cobra otro giro tan pronto
se conoce que allí opera la Escuela de Administración de Hoteles y
Restaurantes. Esta es la primera en la Isla en conceder un grado de bachiller
en el ramo y en lograr la acreditación por parte de la entidad competente en
toda América Latina y el Caribe.
Pujas internas
Al interior de la UPR, y de tiempo en tiempo, surgen
voces dirigidas a fragmentar el sistema como solución al lío financiero. La
comunidad universitaria del recinto de Mayagüez, por ejemplo, ha abogado por
“independizarse” del resto del sistema. Lo mismo se ha dicho del Recinto de
Ciencias Médicas (RCM), la unidad del sistema que más ingresos propios genera y
que contribuye a la financiación de los demás recintos.
Ahora, según Freytes, integrantes de la comunidad
universitaria del recinto de Río Piedras discuten la probabilidad de una nueva
enmienda a la Ley de la UPR, lo que implicaría el tercer cambio a la estructura
del sistema universitario en menos de dos décadas.“Esto no hace nada de bien...
es violento recibir información de un cambio de gobierno y una nueva ley.
Cambiar la composición de la junta sería el tercer cambio legislativo. Es una
violencia para la institución que no puede continuar y esto ya ha sido un
mensaje de las agencias acreditadoras externas a la institución”, dijo Freytes.
La mal
llamada autonomía
De acuerdo con González Pérez, el principal centro
docente de Puerto Rico necesita racionalizar sus procedimientos internos y
reglamentarios, algo que no siempre es factible porque se parte de la premisa de
la autonomía de los recintos. “Son cambios difíciles de lograr por muchas
ataduras y reglamentos, aunque esos cambios sean buenos”, aceptó González
Pérez. “También hay un tema de continuidad. Hay cambios gerenciales cada cuatro
años y, a veces, los cambios en los departamentos y facultades son más cortos.
Eso hace que los proyectos que se trabajan por uno o dos años, se atrasen o se
dejen”.
Acosta Reboyras coincidió. A manera de ejemplo, el
contador público indicó que la UPR podría realizar una subasta conjunta para la
compra de vehículos de todas las unidades del sistema, pero no se hace.
En los procesos de matrícula, famosos por las largas
filas o la poca disponibilidad de cursos, cada recinto tiene su propio sistema.
Según el contador público, desde hace un tiempo el recinto mayagüezano tiene un
proceso de matrícula automatizado, pero no ha sido hasta ahora que el programa
se hará disponible al resto del sistema. El proceso de implementar la
tecnología uniforme tomará al menos un año, se indicó.
Para procurar el mejor uso de recursos, la
Administración Central también ha establecido un proceso de vistas
presupuestarias para que cada recinto justifique la asignación que recibe y ha
buscado uniformar los procesos de finanzas, un asunto que ha levantado ronchas,
según fuentes de este diario.
La
amenaza de la Junta
Ahora, según Acosta Reboyras, el temor de que la JSF
proceda con un recorte adicional en la fórmula de la UPR parece sentar las
condiciones para que se produzcan los cambios operacionales que deberían
contribuir al mejor funcionamiento de la institución.
Según Acosta Reboyras y González Pérez, el plan fiscal
que el gobierno presentó a la JSF considera que la fórmula de la UPR continuará
congelada por otros 10 años y a la fecha, el ente supervisor, que le designó
como una entidad cubierta bajo PROMESA, no se ha comunicado con la institución.
Ante la circunstancia, la administración creó una
reserva de $50 millones y el año pasado, cuando Hacienda se atrasó en el envío
de las remesas hasta acumular un balance de $100 millones y se produjo la
congelación de $91 millones en depósitos de la UPR en el Banco Gubernamental de
Fomento (BGF), González Pérez procedió con una estrategia de congelación de
gastos, algo que, según fuentes de este diario, causó molestias.
Amarrarse el cinto, sin embargo, resultó en un
sobrante de unos $30 millones. Ahora, dado que la UPR no puede acudir a los
mercados para levantar capital, esa partida se utilizará para financiar el
programa de mantenimiento y mejoras permanentes.
Un
déficit de $1,640 millones
La UPR terminó el año fiscal 2015 con un déficit de
$1,640 millones. La brecha se produjo como resultado de la aplicación del
estándar de contabilidad (GASB-68) y que requiere a las entidades de gobierno
incluir en sus obligaciones, la deuda de pensiones con sus empleados. En el
caso de la UPR, el GASB-68 le supuso un ajuste negativo de $2,237 millones.
“La Universidad ha tenido pérdidas operacionales
significativas y recurrentes y es altamente dependiente de las asignaciones del
Gobierno central para financiar sus operaciones e históricamente, ha descansado
en el BGF para liquidez y soporte financiero”, reza el informe de la UPR
auditado por la firma Ernst & Young y en el que se cuestiona la viabilidad
futura de la institución.
De acuerdo con Acosta Reboyras, aún si se intentaran
reconfigurar las partidas de ingreso de la institución para frenar la
dependencia al fisco puertorriqueño, eso no será factible en el corto plazo.
“Todos queremos soluciones mágicas, pero eso no es una
solución cuando la mayor parte del presupuesto operacional viene del Fondo
General. ¿Cómo se sustituye esa fuente de ingreso? Eso no se va a lograr de un
día para otro”, dijo Acosta Reboyras.
De acuerdo con Acosta Reboyras y González Pérez, la
UPR contempló en su presupuesto el pago de la deuda pública, pero las
aportaciones a los fondos de reserva se suspendieron por la Ley de Moratoria.
La UPR
adeuda unos $596 millones a largo plazo, incluyendo la deuda de Plaza
Universitaria.
“La Universidad, si la miras como un ente separado,
tiene capacidad de pago. Si se mira como parte de la deuda total, entraría en
el proceso de negociación”, dijo Acosta Reboyras.
“Pero si tenemos que entregar la fórmula, eso será
otra cosa”, agregó González Pérez.
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